Ocho meses para tramitar el asilo

A Chaminda Crunawardana le llamó la atención el cartel de Welcome refugees colgado en el Ayuntamiento de Barcelona. Con 34 años y tres hijos, Crunawardana regentaba a principios de 2019 una empresa de electrónica en la ciudad de Colombo, en Sri Lanka. Dedicaba su tiempo libre a la organización budista Sinhala Ravaya. Las cosas se complicaron, sobre todo, después de los atentados yihadistas del pasado abril en su país. “No podía más. Me amenazaban a mí y a mí familia. Llevé a mis hijos con mi madre y huí”, explica Crunawardana. “En internet leí que Barcelona colgó Welcome refugees. Vine buscando un futuro”, asegura. Consiguió llegar el 1 de junio. En el aeropuerto de El Prat preguntó cómo podría solicitar el asilo. Le enviaron a la oficina municipal que centraliza el asesoramiento a personas migradas: el SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados). “Me dieron hora para empezar a tramitar el asilo político en febrero de 2020 en una comisaría de policía, ocho meses después de mi llegada a Barcelona. Estuve unos días en una pensión pero no me dieron más asistencia y al final me vi, por primera vez en mi vida, durmiendo en la calle”, lamenta Crunawardana. El caso de este antiguo emprendedor de Sri Lanka no es único en Barcelona, la segunda puerta de entrada —después de Madrid— de los reclamantes de asilo. Las peticiones en la capital catalana se han multiplicado pero el sistema —competencia del Gobierno central— no está dando respuesta para cubrir las necesidades básicas de aquellos que huyen del horror y, al final, es el Ayuntamiento el que intenta ayudar.

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